Eduardo José Yaguaracuto Amaricua, tecnólogo naval e indígena venezolano, trabajador de Petróleos de Venezuela desde 1999, ha enfrentado dos décadas de persecución judicial tras denunciar pérdidas millonarias en la estatal petrolera. Según su relato, en 2006 descubrió irregularidades en PDVSA GAS que ascendían a 1.700 millones de dólares solo en la región Oriente. Al sumar las pérdidas en gasolina y otros procesos en Zulia y el centro del país, las cifras llegaban a 18.000 millones de dólares anuales. Yaguaracuto Amaricua afirma que estos hallazgos fueron resultado de su trabajo como Supervisor de Protección Industrial en la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, donde fue asignado en 2005 al Proyecto de Control de Mermas y Pérdidas Gas Oriente.

La denuncia de estas anomalías fue presentada formalmente a las autoridades competentes. El 23 de mayo de 2026, Yaguaracuto Amaricua se entrevistó con el comisario Jorge González, de la División de Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Posteriormente, el 8 de junio remitió una comunicación con los elementos probatorios considerados en la causa BP-1-P-2022-6742. Sin embargo, en octubre de 2022, el gerente general de PDVSA Oriente respondió a la Fiscalía que no existían copias de la denuncia original de 2006, lo que evidencia la falta de diligencia institucional.

Desde 2006 hasta la actualidad, Yaguaracuto Amaricua ha sufrido cárcel, persecución y lo que describe como negación sistemática de justicia. El trabajador cataloga el expediente como prueba de una advertencia ignorada de forma consecutiva por las autoridades venezolanas. A pesar de haber presentado evidencia documentada de irregularidades en la operación de equipos, como válvulas que figuraban en registros pero no existían físicamente en las plantas, sus denuncias no han generado investigaciones efectivas ni sanciones a los responsables.

Este caso ejemplifica las dificultades estructurales en Venezuela para investigar y sancionar presuntas irregularidades en la industria petrolera. Las pérdidas denunciadas representan recursos que habrían podido destinarse al desarrollo del país, mientras que el denunciante permanece enfrentando el sistema judicial sin obtener resolución. La falta de respuesta institucional a las denuncias de un trabajador con responsabilidad directa en la supervisión de activos petroleros plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y fiscalización en PDVSA.

Fuente: Infobae VE — Ver nota original


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