El acuerdo petrolero a 25 años entre Venezuela y EE. UU. promete inyectar 100.000 millones de dólares en 17 campos de la Faja del Orinoco. Tras las cuestionadas gestiones de Alejandro Betancourt, economistas advierten que la viabilidad del pacto depende de leyes claras y años de trabajo. Caracas. Un giro de 100.000 millones de dólares: Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo energético a 25 años que desmantela dos décadas de retórica antiimperialista del chavismo. Con la promesa de desarrollar 17 campos en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona del oriente venezolano rica en depósitos de crudo pesado, y la meta de explotar 65.000 millones de barriles, cifra equivalente al 21,38 % de las reservas certificadas de la nación, la alianza busca disparar la producción nacional y redefinir el mercado de los hidrocarburos. Este pacto, sin embargo, evoca para analistas e historiadores las polémicas concesiones extranjeras del gomecismo, al reactivar el viejo debate sobre la soberanía petrolera y la dependencia externa. En un contexto donde el recuerdo de aquellas entregas territoriales y fiscales contrasta con la urgencia actual de revertir el colapso productivo. Mediante un comunicado difundido en redes sociales el 28 de agosto, respaldado posteriormente en un video transmitido la noche del 29 de agosto, encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, calificó el convenio como “histórico” y destacó que proyecta “más de 209.000 millones en impuestos para el Estado”. “Esta iniciativa es resultado del fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Facilitará un importante flujo de inversiones orientadas a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”, expresó. Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que se trata del acuerdo más vasto de la historia global y afirmó que con él se duplican las reservas petroleras de Estados Unidos, lo que permit
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