El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó por unanimidad una hoja de ruta para reanudar sus operaciones en Venezuela después de ocho años sin otorgar nuevos préstamos al país. La decisión, tomada el 13 de noviembre de 2026, representa el primer instrumento formal de acercamiento desde mayo de 2018, cuando el organismo suspendió sus financiamientos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras venezolanas. Sin embargo, la aprobación no significa que Venezuela recibirá recursos inmediatamente, sino que establece las áreas de trabajo y las condiciones para preparar futuras operaciones.
El principal obstáculo para desembolsar créditos sigue siendo la deuda acumulada por Venezuela. Al 30 de septiembre, el país mantenía 2.300 millones de dólares en capital e intereses vencidos con el BID, una obligación que debe regularizar antes de que la institución pueda aprobar nuevos préstamos conforme a sus normas financieras. El instrumento aprobado es una nota de relacionamiento, un mecanismo transitorio más breve que las estrategias convencionales del banco, ya que Venezuela carecía de una estrategia vigente desde el período 2011-2014.
Entre las prioridades identificadas figura la rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional, afectado por años de deterioro de sus instalaciones y dificultades en generación y distribución. La agenda también contempla programas de protección social, seguridad alimentaria, atención a poblaciones vulnerables y reconstrucción de infraestructura dañada por terremotos registrados en junio. Esta decisión coincide con la reforma de la Ley del Sistema Eléctrico aprobada por la Asamblea Nacional para permitir mayor participación de empresas privadas después de casi dos décadas de control estatal.
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, había anticipado en septiembre que la institución estaba evaluando las condiciones económicas venezolanas mediante misiones técnicas. Explicó que estaban examinando el marco macroeconómico y analizando datos para elaborar un documento que detallara qué se planeaba hacer en los próximos dos años. La capacidad de generación eléctrica disponible en Venezuela se encuentra por debajo del 40% de su potencial instalado, según estimaciones, lo que evidencia la urgencia de las reformas energéticas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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