Dos agentes de la Fiscalía colombiana recuperaron su libertad después de permanecer más de 18 meses secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, en el noreste del país. Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes fueron recibidos por una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La liberación fue confirmada este jueves por la Defensoría del Pueblo.
Los dos funcionarios fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en una zona rural de Arauca mientras adelantaban labores judiciales y de protección. Durante su cautiverio, permanecían bajo el control del Frente de Guerra Oriental del ELN, quien en mayo pasado anunció que había sometido a los agentes a un denominado "juicio revolucionario", imponiéndoles 60 y 55 meses de "prisión revolucionaria" respectivamente, por su pertenencia a una institución del Estado colombiano.
La Defensoría del Pueblo rechazó enfáticamente ese procedimiento, señalando que carece de validez y legitimidad, y recordó que ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión. La institución subrayó que la liberación de los agentes no constituye una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió ser desconocida. Además, recalcó que los funcionarios no estaban cumpliendo una pena legítima, sino que permanecían secuestrados ilícitamente.
La Defensoría del Pueblo expresó que la liberación de los dos agentes "supone un alivio y les permitirá reencontrarse con sus familias después de un prolongado período de secuestro". Sin embargo, la institución reitó su exigencia de liberar a todas las personas secuestradas por el ELN y los demás grupos armados que operan en Colombia, enfatizando que "esto no debería ocurrir" y reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos en el país.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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