Foto: referencial AFP Un paso. Luego otro. Y finalmente, el sonido del hierro cerrándose a sus espaldas. Así comienza el confinamiento para un preso que es llevado hasta una celda donde el espacio, la luz y hasta el tiempo parecen tener otras dimensiones. La puerta se cierra, y, con ella, queda del otro lado buena parte de la vida que conocía. El aire parece más pesado –reflexiona el portal “Versión Final”–, y el silencio, interrumpido de vez en cuando por pasos y golpes de otras puertas, se convierte en su única compañía. Afuera continúa la vida; adentro, comienza una espera sin más referencia que el paso de las horas. Aunque esta descripción parte de un ejercicio interpretativo, es una realidad contrastada en el último informe de la ONU sobre la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que, según el organismo, siguen intactas en Venezuela. En su último informe, la Misión señaló que, después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, se produjo una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. Además, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen mayor para las protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil. Sin embargo, el organismo sostuvo que estos cambios no estuvieron acompañados de reformas estructurales: Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan estructuras y prácticas similares a las existentes antes del 3 de enero. La Misión también alertó que los llamados “colectivos”, grupos civiles armados progubernamentales señalados durante años por su participación en actos de violencia e intimidación, no han sido desarmados ni desmantelados. Según la investigación, estos grupos mantienen distintos niveles de coordinación con organismos estatales y fuerzas de seguridad. “Y al menos 19 funci
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