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Presos del estallido y Celestino Córdova: los “intransables” de la oposición que tensionan el Acuerdo Transversal del Gobierno

Al respecto, desde Acción Humanista están por avanzar en la controvertida propuesta de legalización de la cannabis, “de tal modo de quitarle un negocio gigantesco que hoy día maneja el mundo del narcotráfico”. Por otro lado, apuestan por avanzar en el control financiero del narcotráfico, que permitiría, entre otras cosas, poder requisarles los bienes como medida precautoria, “de tal modo de cortarles la línea de financiamiento que hoy en día es la que les permite seguir operando con tanta impunidad”, puntualizó Hirsch

Mientras hoy el Gobierno ingresará a Comisión Mixta del Congreso la propuesta de Estado de Protección y Resguardo, con la que se busca disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar las rutas de la zona de conflicto en el sur, desde las diferentes fuerzas políticas responden disímilmente al llamado del Presidente Boric para lograr un acuerdo transversal en materia de seguridad. Desde la oposición coinciden en que es muy importante que el Gobierno deje de entregar señales equivocadas, en relación principalmente con el proyecto de indulto a los presos del estallido social y el beneficio carcelario al machi Celestino Córdova, dos temas que resultan intransables para dicho sector y que son vistos como trabas para su eventual participación en el acuerdo. En el oficialismo, en tanto, existen voces críticas en torno al hecho de involucrar instituciones cuya función no es velar por la seguridad pública. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Todo comenzó la semana pasada, en medio de las declaraciones públicas del Presidente Gabriel Boric en el marco de su gira por la Región de Magallanes, cuando desclasificó una conversación informal que sostuvo con el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, donde se deslizó la necesidad de convocar a todas las fuerzas políticas para una mesa de diálogo, con el fin de lograr un gran acuerdo transversal en materia de seguridad, una de las agendas que ha causado más complicaciones al Ejecutivo en sus primeras semanas de gestión.

Un llamado que en un principio fue atendido positivamente por los partidos políticos que forman parte del Gobierno y ciertos sectores de la oposición, como la UDI, pero que en los últimos días ha generado discrepancias y respuestas de actores que han condicionado su participación en este acuerdo, como la propia UDI y Evópoli, y de otros que derechamente han decidido restarse, como Renovación Nacional (RN), desde donde acusan que lo concerniente a seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Ejecutivo y sus diferentes estamentos, temiendo que estas reuniones respondan a una estrategia que busque extender hacia sus sectores la responsabilidad de enfrentar los hechos de violencia.

En tal sentido, comienzan a emerger las primeras tensiones respecto de las diferencias en las prioridades en materia de seguridad por parte de cada colectivo y partido político y que asoman como posibles focos de conflicto, a pocos días de que se anunciara la intención gubernamental de empujar el acuerdo y que cada sector comenzara a delinear las materias intransables que pondrían sobre la mesa, las cuales dividen al espectro político en una mesa de diálogo que apuesta por ser transversal.

Desde la oposición coinciden en que es muy importante que el Gobierno deje de entregar señales equivocadas, en relación principalmente con el proyecto de indulto a los presos del estallido social y el beneficio carcelario al machi Celestino Córdova, dos temas que resultan intransables para dicho sector y que son vistos como trabas para su eventual participación en el acuerdo. Desde RN, por una parte, apuntan a que las prioridades deberían ser en torno a mejorar el actual estatuto de las policías, la implementación de Estados de Excepción y una preocupación permanente por la usurpación de tierras o robos de madera, puntualmente en la zona del conflicto mapuche.

En la UDI coinciden en la necesidad de modernizar a las policías y agregan que para ellos es fundamental apuntar a un accionar concreto sobre los activos del narcotráfico, además de la inclusión de los alcaldes en las políticas de seguridad. En Evópoli, en tanto, creen que es de total urgencia tocar temas que actualmente son abordados por proyectos de ley que duermen en el Congreso, específicamente con respecto a la ley de usurpaciones, antinarcotráfico y crimen organizado, y la ley de infraestructura crítica. Esta última, tendrá una oportunidad a partir de hoy en Comisión Mixta a través de una indicación del Ejecutivo.

En la DC, por su parte, consideran que una materia intransable para discutir en este acuerdo es la tenencia y tráfico de armas, además de la necesidad –a su juicio– de implementar Estados de Excepción intermedios en todo lo que es infraestructura crítica (Cesfam, bencineras, hospitales, entre otros). Apuntan también a la importancia de tener claridad en no entregar indultos a presos por hechos de violencia, señalando que el Gobierno deberá ceder en su lógica, si su intención es alcanzar acuerdos con las otras fuerzas políticas.

Al interior del oficialismo, específicamente de la coalición Apruebo Dignidad, dicen no estar de acuerdo con la propuesta de estados intermedios y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. En el colectivo Acción Humanista creen que los ejes de este acuerdo deberían ser la reformulación de Carabineros, control de armas, la creación de una nueva ley de inteligencia, legalización de la cannabis y el control financiero del narcotráfico.

En el partido Federación Regionalista Verde Social, finalmente, apuntan a la restricción de la libertad del uso de armas y la desarticulación financiera del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, además de la reestructuración de las policías por medio de la generación de medidas que eviten ser populistas y que resulten eficaces.

Al respecto, a continuación conocemos cuáles son algunos de los partidos políticos que serían, en definitiva, parte de este posible “gran acuerdo” convocado por el Mandatario, el que podría no alcanzar la transversalidad que quisieran desde La Moneda. Asimismo, revisamos en detalle cuáles son las medidas intransables que –a juicio de los diferentes jefes de partido– debiesen estar presentes en la instancia.

Las condiciones de la oposición El primer aludido por el Presidente Gabriel Boric fue el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya. “No creo que se vaya a enojar, pero estuve conversando por teléfono con él sobre la necesidad de convocar a todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo transversal en materia de seguridad”, señaló el Mandatario la semana pasada, en Punta Arenas. Horas más tarde, Macaya debió salir al paso y reconocer la conversación, asegurando que desde su sector existía un compromiso por enfrentar con firmeza la delincuencia y los hechos de violencia.

Pero no fue sino hasta este fin de semana que ambos pudieron reunirse para iniciar una serie de conversaciones que forman parte de la ya mencionada estrategia del Gobierno para generar acercamientos con las fuerzas de oposición en la materia. En conversación con ‘Mesa Central’ de Canal 13 , el presidente de la UDI valoró la actitud de diálogo político con todos los actores, pero alertó que el Gobierno “debe hacerse cargo de sus deficiencias y cambiar su actitud del pasado”, agregando que “las señales que se han entregado son súper equivocadas: proyecto de indulto al estallido, el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior, el beneficio carcelario a Celestino Córdova, en fin”.

Desde la UDI emplazaron al Ejecutivo a tomar una postura sólida al respecto y actuar con una mayor firmeza, condición mínima para que puedan sentarse a conversar. En cuanto a los ejes que deberían –a su juicio– cruzar este “gran acuerdo”, se encuentran los siguientes: la modernización de las policías, un accionar concreto sobre los activos del narcotráfico y la inclusión de los alcaldes en las políticas de seguridad.

En Evópoli, por su parte, condicionaron su participación en esta mesa de diálogo al hecho de que se les otorgue urgencia legislativa a los proyectos que actualmente se discuten en el Congreso, como son la ley de usurpaciones, la ley antinarcotráfico y crimen organizado, y la ley de infraestructura crítica. Esta última ya tuvo una respuesta positiva del Gobierno, debido a que será a través de una indicación al proyecto de los senadores RN Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena –que comienza a discutirse hoy en Comisión Mixta–, que se llevará a cabo la implementación del Estado de Protección y Resguardo con que el Ejecutivo busca disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas en la zona del conflicto mapuche. Un proyecto que, eso sí, no es bien visto en algunos sectores del oficialismo.

Al respecto, la presidenta de la colectividad, Luz Poblete, agregó que “el primer gran acuerdo debe ser poner a las personas víctimas de la delincuencia al centro de cualquier política pública; además de no relativizar la violencia como lo han hecho las ministras en sus dichos los últimos días”. Lo anterior, en alusión a las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien –en una entrevista concedida a El Mercurio – dijo que el indulto a los presos de la revuelta es una “prioridad” del Gobierno y dudó cuando se le consultó si consideraba al machi Celestino Córdova un preso político.

Desde RN, en tanto, tienen una visión más drástica sobre la agenda de seguridad del Gobierno. Varios de los senadores asistentes al encuentro de este lunes con el Presidente Boric no concuerdan con esta convocatoria y sostienen que debe ser el propio Ejecutivo el que se ocupe de la delincuencia y que, en tal sentido, debe aplicar la ley al respecto. Así, el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, instó al Mandatario a “asumir la responsabilidad de gobernar”, además de corregir el lenguaje y evitar señales contradictorias. “No es posible que se promueva una agenda de impunidad y, por otro lado, se llame a un acuerdo transversal”, puntualizó.

Chahuán profundizó en lo que cree que es un discurso gubernamental, que –a su juicio– resulta contradictorio con la realidad, donde no detecta una voluntad real de avanzar en la agenda de seguridad. Para conseguir un acuerdo en la materia, el senador RN cree necesario establecer un piso mínimo que refleje “una voluntad real de avanzar”, legislando sobre el estatuto de las policías y del Estado de Excepción, tanto en el sur como en el norte, además de los temas de usurpación de tierras o robos de madera.

Por su parte, y entre los partidos que no forman parte de la coalición oficialista, desde la Democracia Cristiana se mostraron a disposición de responder a la convocatoria de La Moneda y ser parte de este “gran acuerdo”, en cuyo marco, eso sí, también plantean sus reticencias con respecto a, por ejemplo, el indulto a los presos del estallido, además de la necesidad de que el machi Celestino Córdova cumpla con su condena por homicidio, en alusión a quien actualmente hace uso de su beneficio de salida trimestral en Padre Las Casas.

“Nosotros no estamos dispuestos a indultar ningún delito violento, lo cual está absolutamente claro por parte de nuestros parlamentarios. En eso hay que tener absoluta claridad y el Gobierno debe ser claro en eso, para poder generar los consensos para llegar a un gran acuerdo que tenga por objetivo la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo el presidente de la DC y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, que agregó que otro tema que les preocupa particularmente es la tenencia ilegal y el tráfico de armas, donde –en su opinión– deberían endurecerse considerablemente las penas.

Las voces del oficialismo Entre los timoneles de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático existe una visión positiva sobre esta convocatoria transversal al diálogo por parte del Presidente Boric y creen que es un paso adecuado, siempre y cuando se refiera solo a las medidas inmediatas. Al interior del oficialismo plantean que la agenda misma de seguridad le corresponde íntegramente al Gobierno, y que responde a las medidas de mediano y largo plazo contempladas en el Programa gubernamental.

En ese sentido, desde los partidos que conforman la coalición oficialista consideran que se debe apostar por la eficacia, más que por la búsqueda de propuestas populares o rimbombantes. Al respecto, el diputado y presidente del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, señaló que “algo fundamental es trabajar en instrumentos que sean eficaces, y no caer en el populismo penal en el que ha caído la derecha tradicionalmente, desde que, por ejemplo, el expresidente Piñera anunció terminar con la puerta giratoria, y los aumentos de pena que después no tienen sentido práctico. Creo que hay que ser muy eficaces y eso hay que conversarlo”.

Mulet agregó que desde su colectividad consideran fundamental restringir el uso y libertad respecto de las armas, además de desarticular financieramente el crimen organizado y el narcotráfico. Al respecto, propuso un proyecto de ley de su autoría relacionado con el “decomiso sin condena” y que busca extraer rápidamente los bienes a las organizaciones criminales, sin la necesidad de esperar el resultado de los juicios penales, por el solo mérito de que no acrediten cómo obtuvieron dichos bienes.

Otro aspecto relevante, donde coinciden otros timoneles de partido, es la necesidad de avanzar en la reformulación de una institución de Carabineros que le dé garantías a la sociedad de que nunca más va a estar involucrada en situaciones de corrupción y que garantice que en todas sus acciones va a respetar los derechos humanos plenamente. Un proceso de reestructuración de las policías que ha sido parte también de la discusión en la Convención Constitucional, y que debería zanjarse en los próximos días.

Para el diputado y líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, debe ser prioridad avanzar en las leyes actuales de control de armas y en la creación de una nueva ley de inteligencia, debido a que –a su juicio– la ley que está tramitando el Gobierno anterior no cumplía con los “estándares mínimos necesarios para ser aplicada en forma totalmente democrática”. En relación con esto, su sector espera que el Ejecutivo cumpla con su compromiso de retirar ese proyecto y avanzar en una nueva propuesta, entendiendo que se requiere de una ley de inteligencia adecuada que permita recabar la información necesaria para evitar hechos de delincuencia, sobre todo vinculados con el narcotráfico.

Al respecto, desde Acción Humanista están por avanzar en la controvertida propuesta de legalización de la cannabis, “de tal modo de quitarle un negocio gigantesco que hoy día maneja el mundo del narcotráfico”. Por otro lado, apuestan por avanzar en el control financiero del narcotráfico, que permitiría, entre otras cosas, poder requisarles los bienes como medida precautoria, “de tal modo de cortarles la línea de financiamiento que hoy en día es la que les permite seguir operando con tanta impunidad”, puntualizó Hirsch.

En Apruebo Dignidad, eso sí, creen que es fundamental fortalecer las instituciones actuales preocupadas del orden público, evitando involucrar a otras, como podrían ser las Fuerzas Armadas o cualquier otra. Una materia que genera discrepancias al interior del bloque oficialista, precisamente el día en que el Gobierno ingresó al Congreso la propuesta que busca crear un estado de “protección y resguardo constitucional”, alternativo al Estado de Excepción, pero muy similar en la práctica, y que les otorga facultades a las FF.AA. en el control de caminos y vías en la zona del conflicto mapuche.

A diferencia de otros casos de estado excepcional, esta propuesta considera que los militares asuman labores de control, supeditados a un control civil y no a un jefe de guardia nacional. Según explicó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, el proyecto será ingresado por medio de una indicación sustitutiva a la moción de infraestructura crítica, actualmente en Comisión Mixta, y que apunta a disponer de las Fuerzas Armadas “sin afectar ninguno de los derechos que la Constitución asegura”.

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